Revista Crítica Penal y Poder 2015, nº 9 Septiembre (pp ) Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos Universidad de Barcelona


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Revista Crítica Penal y Poder 2015, nº 9 Septiembre (pp ) Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos Universidad de Barcelona"

Transcripción

1 Revista Crítica Penal y Poder 2015, nº 9 Septiembre (pp ) Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos Universidad de Barcelona TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA: EL CASO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA EXTRANJEROS ( ) TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT COMMITTED BY PUBLIC OFFICIALS IN THE IMMIGRATION DETENTION CENTRES ( ). AN APPROACH TO THE ISSUE THROUG THE LEGAL TREATMENT OF COMPLAINTS Julia Lledín Vitos UNED RESUMEN El artículo pretende acercarse a los casos de torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos en Centros de Internamiento para Extranjeros en España que han sido denunciadas, analizando el tratamiento jurídico que les han dado los Juzgados de Instrucción, ya que hasta el momento ninguna ha llegado a juicio. Así, concluye que el principal problema para el esclarecimiento y persecución de estos delitos no se encuentra tanto en la legislación como en la actuación judicial, que requiere un cambio profundo para entender y adecuarse a la realidad de este tipo de delitos. También se concluye que el Estado mantiene una estrategia ambigua en esta materia pues mientras que públicamente defiende su erradicación al mismo tiempo mantiene amplios márgenes para que se reproduzca. Palabras clave: tortura, migrantes, Centros de Internamiento para Extranjeros, Juzgados de Instrucción, política criminal. ABSTRACT This article tries to approach the cases of tortures and other cruel, inhuman or degrading treatment committed by public officials in the Immigration Detention Centres denounced in

2 Julia Lledín Vitos Spain, analysing how this cases were threat during the judicial investigation, considering that none of them have gone to trial. Therefore, conclude that the main problem to solve and persecute these crimes is not on the legislation, but mainly on the judicial procedures, that require a deep change in order to understand and adapt to the reality of this kind of crimes. Also, it reflect that the State still has an ambiguous strategy in this topic, fighting officially against it but maintaining wide margins for his reproduction. Key words: torture, migrants, Immigration Detention Centers, Court of first instance, criminal policy. SUMARIO: 1. Introducción 2. La tortura en España: evolución histórica y tipificación penal actual: la importancia de la labor judicial para la persecución de los delitos contra la integridad moral 2.1 Situándonos: La tortura en el mundo contemporáneo 2.2 La tortura dentro del sistema penal español 3. La configuración progresiva de los Centros de Internamiento para Extranjeros en España: de la desregulación a la mínima regulación centrada en la idea securitaria 3.1 Status de los extranjeros en situación administrativa irregular en España. 3.2 Los centros de internamiento como centros de retención 4. Tratamiento judicial de las denuncias por supuestos delitos contra la integridad moral en los CIE 5. Conclusiones y recomendaciones 1.- Introducción La tortura constituye hoy en día una de las cuestiones más controvertidas dentro de la política criminal del Estado. Y ello porque hablar de tortura significa enfrentarnos a dilemas morales y prácticos. Pese a la amplia regulación internacional en materia de persecución y prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes resulta evidente que la tortura pervive hoy en día, pues constituye una poderosa herramienta de dominación al ejercerse desde el poder sobre determinadas personas y grupos para asegurar el mantenimiento de un orden social dado (Rodríguez Mesa 2000, 11). Estas prácticas atacan directamente a los fundamentos de la moral del pensamiento moderno occidental, pues convierten a la persona sobre la que se aplican en un medio para obtener la finalidad buscada por el poder (Peces-Barba 1994, 624), le despojan de los atributos humanos, generándole un sentimiento de humillación, vejación y cosificación; en última instancia, lo que buscan es romper la voluntad de la persona y convertirla en un objeto al servicio de quien ejerce poder sobre ella, obediente y sin personalidad propia, que haga lo que le ordenan (Viñar 1993, 105). Pese a ello, actualmente se está cuestionando su prohibición, por la utilidad que se le presupone para combatir determinado tipo de amenazas, como el terrorismo (Basoglu et al 2007, 277). 280

3 Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos en España: el caso de los Centros de Internamiento para Extranjeros ( ). Una aproximación al tema a través del tratamiento jurídico de denuncias presentadas. La pervivencia de la tortura pese a la aparente persecución nos plantea una cuestión fundamental al tratar el tema desde el análisis de la política criminal del Estado, y esta es cuál es la interacción de las distintas disposiciones y políticas de los Estados que permiten que las prácticas de tortura se reproduzcan y escabullan a su persecución penal, también allá donde está prohibida y su práctica penalizada? Y como consecuencia de ello, podemos decir que el Estado tiene una estrategia global frente a la tortura? Parece que, en general, existe en esta materia una política criminal ambigua que permite que su práctica se mantenga, al menos en determinadas situaciones y sobre determinados sujetos, como consecuencia del ejercicio cotidiano del poder y de la interrelación entre diferentes disposiciones normativas y prácticas del Estado. La tortura, al implicar un ejercicio de poder directo de unas personas sobre otras, supone la existencia de una conceptualización política del otro como enemigo, amenaza o inferior, que está legitimada socialmente (Zúñiga Rodríguez 2004, 259 y ss). A este respecto, la discriminación racial o étnica constituye hoy, y lo ha hecho históricamente, un elemento favorecedor de las vulneraciones de derechos humanos, entre ellas la tortura, pues establece distinciones entre personas en función de las características étnico-raciales, colocando a unas personas en situación de inferioridad respecto a otras. La distinción entre diferentes estatus de derechos en función de la nacionalidad o la situación administrativa de cada cual transmite una diferencia de hecho en función del origen étnico-nacional de cada persona; así, el estatus jurídico de los extranjeros en situación irregular resulta frágil, por el hecho mismo de que su existencia contradice las normas del Estado, y es precisamente esta fragilidad la que favorece la vulnerabilidad del colectivo. En el caso de España, la legislación reconoce unos derechos básicos a todas las personas, pero otros depende de la situación legal o la nacionalidad, como veremos más adelante. Además en torno a los extranjeros se ha construido un aparato securitario que transmite socialmente una idea de peligrosidad, que legitima la excepcionalidad jurídica 1 ; así, tanto el derecho propiamente como otros dispositivos jurídicos y sociales producen la exclusión de este grupo social, como mecanismo políticamente útil para el poder (Foucault 1998, 34). Los Centros de Internamiento para Extranjeros son establecimientos destinados exclusivamente a la privación de libertad de un determinado grupo social definido en términos étniconacionales (los extranjeros que van a ser expulsados); se han convertido en espacios controvertidos y considerados por algunos una anomalía dentro del sistema jurídico (Martínez Escamilla 2009, 26), pues representan una excepcionalidad jurídica desde varias ópticas. Como consecuencia, son espacios opacos en nuestro país (Martínez Escamilla 2009, 31) y de impunidad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a lo que contribuyen el conjunto de instituciones públicas que tratan con absoluta dejadez a las personas extranjeras en situación irregular, favoreciendo así la cosificación de las mismas. 1 Sobre racismo institucional, véase entre otros VI MAKOME, I.: Violencia colectiva. Racismo institucional, en MÁRKEZ ALONSO, I., FERNÁNDEZ LIRIA, A., PÉREZ SALES, P. (coord): Violencia y salud mental. Salud mental y violencias institucional, estructural, social y colectiva, en AEN Estudios, Madrid, 2009, pág

4 Julia Lledín Vitos En lo que respecta a la tortura, el Estado español carece de un estrategia global, ya que por un lado establece tipos penales similares a los manejados en el ámbito internacional pero, por otro, no pone los medios para hacer real y efectiva su prevención y persecución; ello como consecuencia de que la tortura constituye, y ha constituido históricamente, una poderosa herramienta política para dominar al otro y/o combatir la disidencia política y social, que hace que los Estados sean reacios a renunciar a ella, pese a las regulaciones de reconocimiento de derechos en el mundo contemporáneo. En el caso de los Centros de Internamiento para Extranjeros la existencia de un sistema doble de derechos convierte en semi-personas (Silveira et al 2011, 7) a los extranjeros en situación administrativa irregular y, como consecuencia, en personas especialmente vulnerables para sufrir violaciones de derechos humanos. A este respecto resulta llamativa una contradicción; mientras que tanto las organizaciones sociales como los organismos oficiales encargados de la prevención de la tortura (MNPT, CPT) señalan que estos espacios se vulneran derechos y hay indicios de que se podrían estar produciendo delitos contra la integridad moral, ninguno de los casos denunciados ha llegado a ser enjuiciado como tal. Ante esta constatación, nos parece que resulta especialmente interesante el análisis del tratamiento judicial de las denuncias presentadas, concretamente por parte de los Juzgados de Instrucción, pues es posible que en ellas se localicen los elementos que dificultan la persecución real de estos tipos penales; estos casos reflejan especialmente bien las dificultades de persecución penal de delitos de este tipo, pues pese a que los delitos tipificados puedan ser aparentemente completos, las características de los mismos, es decir, que se den en situaciones de privación de libertad, hace depender del propio Estado y sus instituciones el esclarecimiento de los hechos; y éste a menudo no está interesado en ello. Así pues nos preguntamos cómo interactúan en España las políticas de persecución de los delitos contra la integridad moral y las de extranjería, en un marco donde ambas parecen reflejar la posición ambigua del Estado en la dicotomía derechos-utilidad política. La información recopilada para el presente trabajo proviene de organizaciones defensoras de derechos humanos, pues no existen registros oficiales de denuncias por torturas. Debido a ello, la muestra resulta bastante aleatoria, pues solamente se han analizado los casos de los que se ha podido conseguir el material, no pudiendo por tanto extrapolar los resultados de la investigación a toda la realidad; pese a ello, el material sí resulta suficiente para entrever determinadas líneas que se están dando en la materia, pues existen regularidades en los casos analizados, que son apoyadas también por informes de diferentes organismos. La mayoría de los procedimientos se han cerrado con sobreseimientos, lo que no carece de significado y que nos permite identificar posibles interacciones de las diferentes regulaciones o políticas que interfieren en la materia y que revelan la estrategia del Estado respecto a la cuestión más allá de lo oficialmente aceptado. 2.- La tortura en España: evolución histórica y tipificación penal actual: la 282

5 Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos en España: el caso de los Centros de Internamiento para Extranjeros ( ). Una aproximación al tema a través del tratamiento jurídico de denuncias presentadas. importancia de la labor judicial para la persecución de los delitos contra la integridad moral. 1.1 Situándonos: La tortura en el mundo contemporáneo Durante siglos, la tortura constituyó en Europa no sólo un método habitual de tratamiento de detenidos y condenados sino que fue, además, una forma aceptada, legítima y estrictamente regulada jurídicamente, cuya función resultaba fundamental dentro del sistema penal. En éste la utilización de violencias físicas sobre el cuerpo del detenido era el método de búsqueda de la Verdad, pues permitía arrancar del reo una confesión de culpabilidad (Marín Tello 2006, 245); además de la función en el propio proceso judicial, la tortura cumplía una importante función dentro de las relaciones de poder, pues era ejercida por las autoridades sobre quienes incumplían las normas sociales y buscaba la confirmación por parte del reo de la Verdad de quien tenía poder sobre él (Maqueda Abreu 1986, ). Desde la Edad Media hasta la transformación del sistema penal operado entre finales del s. XVIII y principios del s. XIX la tortura estuvo contemplada en la ley. Con la Ilustración a finales del s. XVIII llegaría la prohibición de la misma, como consecuencia de la crítica que los llamados reformadores del derecho realizaron a la utilización de estos métodos. Sin embargo, esta prohibición de la tortura, que reflejó una transformación en profundidad del sistema penal y del castigo, como concreción jurídica de un cambio de todo el sistema social (Foucault 1978), no supuso su desaparición, sino más bien su paso a la clandestinidad (Maqueda Abreu 1986, ). La racionalización que defendió la Ilustración llegaba así a todo el sistema disciplinario de la sociedad, que buscaba humanizar el sistema punitivo para controlar mejor (Foucault 1978), pasando a ser administrado el castigo de forma privada. En el caso de España, después de la prohibición inicial tanto por la Constitución de Cádiz como por el Estatuto de Bayona, no se volvió a mencionar constitucionalmente la prohibición de la tortura hasta la Constitución Española de 1978; además, y con contadas excepciones (Maqueda Abreu, 1986, 442), los códigos penales ni siquiera la mencionaron y cuando lo hicieron no llegaron a establecer una definición exacta de qué se entendía por la misma. En cualquier caso, la protección por parte del ordenamiento español respecto a la tortura fue insuficiente e inadecuada, pues por lo general no ofreció una protección específica (Muñoz Sánchez 1999, 15), de forma que podríamos hablar de un vacío en nuestra legislación (De La Cuesta Arzamendi 1990, 86) en términos históricos. Igualmente, en el ámbito internacional no fue hasta mediados del s. XX cuando la tortura comenzó a ser regulada y pensada en los términos que hoy conocemos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional de los derechos humanos comenzó a situarse en el centro del derecho internacional, estableciendo límites a la acción de los propios Estados; además, éstos comenzaron a partir de este momento a recibir obligaciones internacionales respecto a los individuos, ciudadanos suyos o extranjeros, que comenzaron entonces a ser 283

6 Julia Lledín Vitos reconocidos como sujetos de derechos, aunque con limitaciones, en el derecho internacional (González González, 1998, 53). En el caso de la tortura, en 1984 se aprobó la Convención contra la Tortura y otras penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, que estableció por primera vez una definición común que, aunque se tradujera posteriormente en el derecho interno de los Estados mediante técnicas jurídicas diferentes, permitió entender de una manera global y bajo un mínimo de consenso, qué eran la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; junto a ello se comenzaron a elaborar también tanto a nivel global como regional numerosos mecanismos orientados a la prevención, prohibición y castigo de dichas prácticas. En este sentido se diferencian dos áreas fundamentales: una penal, de castigo por la realización de conductas prohibidas, y otra preventiva, de establecimiento de mecanismos de control y disminución de las condiciones que posibilitan el surgimiento y proliferación de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. 1.2 La tortura dentro del sistema penal español España ha ratificado numerosos tratados y disposiciones de carácter internacional en materia de derechos humanos y también específicamente sobre tortura y tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; todos ellos son de aplicación directa (ex art. 96 CE) y deben ser criterios interpretativos en materia de derechos fundamentales (ex. Art CE). En el caso de la tortura y otras penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, la CE los contempla en el art. 15. Junto a ello, el CP los incluye desde la reforma del mismo que tuvo lugar en 1995, en su Título VII, como delitos contra la integridad moral, aproximando los tipos penales a los contemplados internacionalmente. Existen tres tipos penales: - El delito de torturas (art. 174 CP): el Tribunal Supremo (SSTS 1685/03, de 17 de diciembre; 1391/04, de 26 de noviembre; 1246/09, de 30 de noviembre, entre otras) identifica tres elementos para determinar si existe o no un delito de torturas: a) especial cualificación del sujeto activo (autoridad o funcionario público); b) elemento material de causar sufrimientos físicos o psíquicos que atenten contra la integridad moral y c) elemento teleológico consistente en una finalidad concreta; este elemento teleológico lo diferencia de otros delitos, y consiste en una serie de finalidades específicamente contempladas y que en este caso puede incluir conseguir información o una confesión, castigar a la persona por un hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación. - Otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos (art. 175 CP) que constituye un tipo residual, para aquellas conductas fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior ; no queda claro a qué se refiere esta cláusula; la mayoría de la doctrina entiende que ambos tipos penales coincidirían en los elementos objetivos, pues éstos aparecen también explicitados en el art. 175, y se diferenciarían fundamentalmente en 284

7 Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos en España: el caso de los Centros de Internamiento para Extranjeros ( ). Una aproximación al tema a través del tratamiento jurídico de denuncias presentadas. el elemento subjetivo, concretamente en la exigencia de una finalidad específica, que no estaría contemplada en este segundo caso. Sin embargo, junto a ello, la jurisprudencia entiende, en la línea del TEDH (STEDH Irlanda c. Reino Unido), que unos y otros constituyen nociones graduadas de una misma escala (SSTC 120/1990), donde se diferenciarían también por la intensidad de los sufrimiento infringidos, siendo más graves en el caso de las torturas y menos en el del resto de delitos contra la integridad moral. - El tercer tipo penal es el tipo especial de comisión por omisión (art. 176 CP) que equipara las conductas de aquellos funcionarios públicos que, pudiendo evitar la comisión de los delitos anteriores, no lo haya hecho con las de quienes las llevan a cabo directamente. Para ello se entiende, por lo general, que debían de estar presentes en el momento que se cometieron los hechos (STS 1559/2003), pero no queda claro si solamente es aplicable a superiores (SSTS 294/2003) o a cualquier funcionario (STS 726/2001). Hay varios elementos conflictivos en estos tipos penales; el primero es el referente al bien jurídico protegido integridad moral ; resulta complicado determinar en qué consiste exactamente la integridad moral y, más aún, en base a qué criterios se puede entender vulnerado tal bien jurídico. Entendemos aquí la integridad moral como un bien jurídico complejo que incluye tanto la dignidad de la persona como el libre desarrollo de su personalidad, ambos elementos son los que ataca la tortura al buscar quebrar la voluntad de la persona, convirtiéndola en un medio, eliminando su consideración de ser humano a través de procedimientos que generan humillación o envilecimiento y que alcanzan un mínimo de gravedad (SSTC 120/1990 ó 57/1994, de 28 de febrero, siguiendo la doctrina del TEDH: Caso Tyrer c. Reino Unido o Soering c. Reino Unido). Enlazado directamente con esto aparece la otra cuestión que resulta más conflictiva a la hora de enjuiciar los delitos de este tipo: la gravedad necesaria para poder considerar que unos malos tratos determinados atentan contra la integridad moral. Hay varias cuestiones aquí; por un lado, los tipos penales diferencian en su interior entre conductas que producen sufrimientos graves y menos graves, estableciendo dentro de cada tipo penal una distinción de grado, que se diferenciaría de la jurisprudencia del TEDH al no contemplar tres tipos diferentes, sino solamente dos, graduados en sí mismos. Además de no establecer un criterio de distinción entre unas y otras, tampoco se establece un criterio mínimo para poder considerar conductas como ninguno de los dos tipos penales, lo que genera inseguridad jurídica. Ante esto, algunos autores consideran que al utilizar el término atenten se está aludiendo a una cierta entidad de las conductas para poder suponer un atentado contra la integridad moral, pues de lo contrario no sería aplicable y habría que recurrir a otros delitos (Muñoz Sánchez 1999, 66 y ss). Para determinar ese mínimo ha de atenderse a una serie de circunstancias entre las que el TEDH ha identificado dos parámetros de «apreciación relativa»: una serie de datos variables de orden interno al caso (tales como las circunstancias o las características de la víctima) y el contexto sociopolítico concreto (Maqueda Abreu 1986, 343) (STEDH Caso Irlanda c. Reino Unido, de 18 de enero de 1978), y éstos pueden ser considerados criterios objetivos (Zúñiga Rodríguez 2004, 272) que relativizarían la vaguedad otorgada por algunos al contenido de los delitos. Pese a ello, 285

8 Julia Lledín Vitos como veremos después la consideración de la gravedad de las conductas resulta muy conflictiva. 2 La configuración progresiva de los Centros de Internamiento para Extranjeros en España: de la desregulación a la mínima regulación centrada en la idea securitaria. 2.1 Status de los extranjeros en situación administrativa irregular en España. La cuestión de los derechos de las personas extranjeras es también compleja; el reconocimiento de derechos en las sociedades democráticas occidentales se han definido en torno a dos criterios, por un lado, la ciudadanía y, por otro, la residencia legal; éstos se han convertido en criterios de diferenciación de los derechos reconocidos y garantizados por los ordenamientos jurídicos a las personas. La relación entre ciudadano y extranjero ha sido el núcleo de las legislaciones del Estado-nación moderno respecto a la población, que no se ha reducido al espacio interno de cada Estado, sino que ha sido también uno de los fundamentos del sistema internacional. Esa relación es puesta en duda en la actualidad, pues el mundo globalizado en el que nos movemos ha difuminado enormemente las fronteras nacionales y la libertad de movimientos ha sido enarbolado como uno de los principios del capitalismo globalizador; las críticas plantean la necesidad de extender esa libertad de movimientos de los capitales al menos en parte también a las poblaciones, de forma que se pueda extender la ciudadanía a los no nacionales, como prerrequisito para su inclusión, superando así el concepto monista de vigente hacia un nuevo concepto de ciudadanía diferenciada o multilateral (De Lucas 2001, 68-69), que rompa con la exclusión y el modelo de ciudadanía como privilegio nacional. En el caso de la legislación española, el estatus del extranjero está determinado tanto por la propia CE como por la legislación de extranjería, que establecen una configuración de derechos reconocidos constitucionalmente, en función de su vinculación con la dignidad y que se extraen de una lectura conjunta y coherente del texto constitucional, en torno a tres estatus diferenciados: los reconocidos solamente a los españoles, los que se reconocen a todos por igual y aquellos para cuyo disfrute se pueden establecer limitaciones (como la residencia legal). En lo que respecta a la tortura y otros delitos contra la integridad moral, la protección frente a ella forma parte de los derechos reconocidos a toda persona y es independientemente de la nacionalidad y situación administrativa por propio mandato constitucional (STC 236/2007, FJ 3; STC 107/1984, FJ 3; STC 95/2000, FJ 3), vinculando a todos los poderes públicos. En definitiva, el marco legal reconoce a las personas extranjeras en situación irregular solamente un grupo básico de derechos al que está obligado por el derecho interno e 286

9 Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos en España: el caso de los Centros de Internamiento para Extranjeros ( ). Una aproximación al tema a través del tratamiento jurídico de denuncias presentadas. internacional. Sin embargo, al diferenciar categorías dentro de la idea general del ser humano, se contribuye también a configurar la idea de inferioridad del extranjero, más trabajador que ser humano al no formar parte de la comunidad política, y sobre todo, del ilegal ; las personas en situación irregular tienen dentro de esta configuración solamente un núcleo mínimo de derechos que, aunque se correspondan con los derechos humanos fundamentales, crea diferencias respecto a los ciudadanos y los extranjeros en situación regular, lo que los hace vulnerables frente a las leyes, que no reconocen ni siquiera su existencia, e invisibles frente a una sociedad que los conciben como inferiores, culpables simplemente por ser, menos humano, carentes de voluntad y peligrosos para el modelo de sociedad vigente (De Lucas 2001, 65). Esta configuración social resulta fundamental para entender el trato que se les da a los internos en los CIE, pues la discriminación étniconacional presente en la sociedad y que la legislación reproduce, es un elemento transversal a las relaciones de poder que se dan dentro y fuera de estos espacios y que resultan importantes a la hora de que las personas extranjeras en situación irregular se conviertan en víctimas de malos tratos y torturas. 2.2 Los centros de internamiento como centros de retención. Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario (art. 62 bis LOEx) cuya función consiste en la retención temporal de personas extranjeras en situación administrativa irregular a la espera de la resolución de un expediente sancionador de expulsión del territorio nacional. Su existencia forma parte de un entramado legislativo y político en el que la inmigración ha sido conceptualizada como un problema; especialmente aquellos extranjeros que carecen de los permisos administrativos correspondientes, constituyen un excedente de población en un sistema social discriminatorio y un mercado laboral precarizado, donde son vistos exclusivamente como mano de obra barata y precaria, pero no como personas de derecho, con un bagaje cultural propio y unas expectativas de vida que no se limitan al ámbito económico (Jarrín et al 2012, 203). Aunque los CIE parecen cumplir varias funciones dentro del sistema social y político de la Europa fortaleza, tanto de índole económica como de control social (Bieltot 2005, 5-9), oficialmente sólo se reconoce una función de gestión eficaz de la expulsión de extranjeros, tanto de los que pretenden entrar como de los que están dentro del territorio de manera irregular (Silveira et al 2011, 2), que es parte central dentro de la política de extranjería de la UE. Por tanto, no constituyen una realidad exclusiva del Estado español, sino que hay establecimientos de este tipo tanto en el resto de la UE como en otros Estados limítrofes (Silveira et al 2011, 4); en España existen hoy en día 8 CIE (5 en la península y 3 en Canarias) con una capacidad para personas (2.346 hombres y 226 mujeres) 2. 2 Fuentes oficiales: Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento para Extranjeros, del Gobierno de España y el Ministerio del Interior, disponible en 287

10 Julia Lledín Vitos Su lugar dentro del ordenamiento jurídico resulta complejo no sólo por su estatuto en sí, sino también por la excepcionalidad que constituye el propio internamiento de extranjeros (Martínez Escamilla 2009, 8). La estancia en estos establecimientos tiene únicamente finalidad preventiva y cautelar, constituye una medida cautelar no una pena, lo que podría estar en contradicción con el art CE, según el cual la privación de libertad solamente puede ser consecuencia de infracciones de tipo penal, en ningún caso administrativa (Martínez Escamilla, 2009, 26 y ss); pese a ello, el TC (SSTC 115/1987) ha considerado que el internamiento en estos casos es constitucional pues constituye una medida excepcional, que se aplicará sólo cuando no haya otra menos gravosa; también es constitucional porque la decisión de internamiento es judicial y eso, subraya el Tribunal, es una auténtica garantía y no un mero acto de ratificación, pues debe analizar las circunstancias del caso. La consideración de los CIE como establecimientos no penitenciarios ha implicado una regulación y protección jurídica muy débil, extrayéndolos a la regulación penitenciaria, pese a que en ambos casos se trata de instituciones totales de privación de libertad; ello conlleva una gran opacidad y una realidad que tensiona enormemente los principios del Estado de derecho (Martínez Escamilla 2009, 30); pese a su carácter no penitenciario, en el último informe del CPT referente al año 2014, este organismos señaló que el centro visitado, el de Aluche en Madrid, tenía un marcado ambiente carcelario. En un contexto global donde se está imponiendo cada vez más un sistema doble de derechos, los Centros de Internamiento para Extranjeros constituyen una extrañeza jurídica en el interior de los propios Estados de Derecho con regímenes democráticos apuntando quizá a una futura, pero cercana, transformación del sistema socio-político y jurídico (Bieltot 2005, 5). El tratamiento de los extranjeros en políticas y leyes nacionales y europeas, son un claro ejemplo de lo que Foucault denominaba inscripción jurídica del individuo, que usa el derecho (y el discurso jurídico) como instrumento de poder que transmite y hace funcionar relaciones que no son de soberanía sino de dominación (Jarrín et al 2011, 204). Desde su aparición oficial en la legislación en 1985 (art. 26 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España) su evolución jurídica se ha caracterizado por una lenta, aunque progresiva, concreción jurídica producida por la presión de las organizaciones sociales y las sentencias del TC que han exigido la regulación con mayor detalle tanto de la privación de libertad como de los derechos, por tratarse den derechos fundamentales. Respecto a las transformaciones que se han producido nos interesan varias cuestiones. En primer lugar, las personas que pueden ser objeto de internamiento, pues al grupo inicial de aquellos que carecían de permiso de residencia se sumó, en 2003, la posibilidad abierta por el art del Código penal de sustituir condenas penales de privación de libertad por la medida de expulsión bien para personas con condenas de privación de libertad de entre 1 y 6 años, bien como sustitución parcial de una parte de condenas privativas de libertad mayores. Además, la consideración de la cláusula de expulsión en casos en que la persona 288

11 Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos en España: el caso de los Centros de Internamiento para Extranjeros ( ). Una aproximación al tema a través del tratamiento jurídico de denuncias presentadas. lleve a cabo actividades contrarias a la seguridad nacional o el orden público (infracciones muy graves del art LOEx), añade una última categoría de internables totalmente aleatoria, constituida por individuos que son considerados directamente como una amenaza. Para poder ser internados, además, debería existir una certeza de que pueden ser expulsados en el momento de acordar la medida. Por otro lado, el tiempo máximo de estancia aumentó en 2010 hasta los 60 días, en aplicación de la directiva de la vergüenza (directiva del retorno 2008/115/CE). En cuanto al personal que trabaja en los CIE, es mayoritariamente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; sin embargo, se está dando en los últimos tiempos un aumento progresivo de presencia de ONG a quienes se adjudica mediante concurso los servicios de asistencia social en los CIE (esta presencia de personal no securitario está garantizada en el nuevo RD 162/2014). Por último, un elemento importante es el que tiene que ver con el control de las condiciones del internamiento. En 2010 se introdujeron los Juzgados especializados de control de estancia (art LOEx), en aquellas circunscripciones donde había CIE; sus funciones incluyen todo lo relacionado con los derechos fundamentales de las personas internas y las condiciones del internamiento, sobre las que reciben quejas (tanto directamente como a través de organizaciones sociales) y emiten Autos, además de poder realizar visitas. Su labor está siendo importante, sobre todo en algunas circunscripciones, como la de Madrid, pues están garantizando, a través de la labor jurisprudencial la concreción de los derechos que la legislación establecía de manera muy generalista. Sin embargo, a nivel jurídico, la complejidad del entramado relacionado con la expulsión de extranjeros se ve reflejada también en que entran en juego tres Juzgados diferentes, añadiendo dificultad burocrática a la garantía de los derechos. En primer lugar, el Juzgado de instrucción que autorizó el internamiento entenderá de cuestiones relacionadas con las causas que motivaron el internamiento (fin del internamiento, análisis de información relacionada con esto, puesta en libertad, deportación); los Juzgados de control de estancia serán los encargados de cuestiones relacionadas con los derechos y las condiciones generales del internamiento. Por último, los Juzgados de instrucción de las localidades donde se encuentran emplazados los CIE serán los competentes para investigar en los casos en que existan indicios de la comisión de un delito en el interior de estos centros; es, por tanto, a éstos últimos a quienes corresponderá la práctica de las diligencias de investigación respecto a las denuncias que se presentan sobre torturas u otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos en los CIE. Además, la regulación interna de los CIE sigue siendo conflictiva. En marzo de 2014 el Gobierno aprobó el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, respondiendo así a lo establecido en la LOEx y a las demandas de las organizaciones sociales que trabajan en defensa de los derechos de las personas migrantes; pese a ello, éstas han criticado duramente esta regulación por considerar que, lejos de mejorar las condiciones del internamiento y garantizar los derechos de los internos, legaliza situaciones que se venían produciendo y que vulneran derechos fundamentales. El Tribunal Supremo en Sentencia de 10 de febrero de 2015 estimó en parte el recurso interpuesto 289

12 Julia Lledín Vitos contra el RD por varias organizaciones sociales, considerando que algunos de los preceptos vulneraban la LOEx, el derecho europeo (concretamente la Directiva de retorno 2008/115/CE) y la doctrina del Tribunal Constitucional; anuló así varias disposiciones: párrafo segundo del artículo el 7.3, el párrafo K del 16.2 (ambos sobre limitación de la intimidad familiar en el internamiento), el 21.3 (posibilidad de nuevo internamiento por las mismas causas contempladas en el expediente de expulsión) y el 55.2 párrafo 1 (supuestos de registros, incluido el desnudo integral). Estas anulaciones afectan a derechos fundamentales y, especialmente el último caso, se encuentra relacionado con la dignidad de la persona, que en su redacción inicial dejaba un margen amplio a posibles abusos de autoridad; la anulación de estos precepto por parte del Tribunal Supremo responde precisamente a la importancia de garantizar la dignidad de la persona, base de los derechos fundamentales y viene, una vez más por la vía de la jurisprudencia, a poner límites a una legislación poco garantista en cuanto a los derechos de las personas migrantes. 3 Tratamiento judicial de las denuncias por supuestos delitos contra la integridad moral en los CIE 3. Las denuncias por malos tratos en el interior de los CIE son habituales; sin embargo no existe, hasta el momento ningún procedimiento que haya llegado si quiera a ser juzgado como un delito contra la integridad moral, pese a que muchos sucesos ocurridos dentro y conocidos a través de los relatos de las víctimas o de los testigos podrían entenderse como tales. Para el presente trabajo se han analizado 25 autos judiciales correspondientes a Juzgados de Madrid (64%), Barcelona (12%) y Valencia (24%); de éstos el 68% pertenecen a los Juzgados de Instrucción y 32% a las Audiencias Provinciales, que resolvieron recursos interpuestos ante las resoluciones de los primeros; de éstos, justo la mitad han estimado el recurso obligando, por tanto, al Juzgado de Instrucción a reabrir el caso, pues han considerado que las diligencias realizadas por los Juzgados de Instrucción no habían sido suficientes. El 91% de las denuncias fueron hechas por hombres y solamente el 9% por mujeres. Todas ellas fueron interpuestas como consecuencia de los relatos de las propias víctimas que en algunos casos se comunicaron directamente con los Juzgados y en otros lo hicieron a través de sus abogados u organizaciones sociales. Sin embargo, ninguno de los 3 La metodología seguida en este artículo consiste en el análisis de 25 autos judiciales a partir de los cuales se pretende obtener una aproximación a un tema que no ha sido analizado desde esta perspectiva hasta el momento; si bien el número de autos es limitado, el estudio ha sido complementado con informes de instituciones nacionales e internacionales (MNPT, CPT, CEPT), así como de ONG (CEAR, Pueblos Unidos, Women s link, SOS Racismo, Campaña estatal por el cierre de los CIE, en el enlace se puede encontrar una recopilación de los mismos; también se ha contado con testimonios de personas integrantes de estas organizaciones y colectivos), autos de los Juzgados de control de estancia y noticias periodísticas sobre otros hechos de la misma tipología, pero que no fue posible acceder al auto judicial. Por tanto, los resultados de esta investigación, aunque hasta cierto punto limitados, pueden considerarse claros indicios de esta realidad. 290

13 Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos en España: el caso de los Centros de Internamiento para Extranjeros ( ). Una aproximación al tema a través del tratamiento jurídico de denuncias presentadas. procedimientos se inició como consecuencia de la comunicación por parte del Director o de los servicios médicos de incidentes (o lesiones consecuencia de éstas) que se hubieran producido entre internos y personal del CIE, pese a que ambos tienen la obligación de comunicarlos, de lo que se deduce que éstos no están cumpliendo sus funciones al respecto. En cuanto al marco temporal, el número de denuncias experimenta una transformación en torno a Con anterioridad a esta fecha existen muy poco procedimientos abiertos, mientras que a partir de la misma empiezan a abrirse varias causas; entre la información recabada para el presente trabajo, ha sido imposible acceder a ninguno de los procedimientos iniciados con anterioridad a esta fecha. El hecho de que las denuncias proliferen a partir de esa fecha probablemente no se encuentre en que se produzca algún cambio en la gestión de estos espacios y el tratamiento a los internos, sino más bien en la existencia de controles a la actuación de los funcionarios públicos en los lugares de privación de libertad, en la línea de lo señalado por los organismos que trabajan en prevención de tortura y tratos inhumanos o degradantes; concretamente se crean los Juzgados de control de estancia precisamente en 2010 y a partir de esa fecha comienzan a recibir y atender las quejas hechas por internos y ONG, comenzando por garantizar el acceso de éstas últimas a los establecimientos 4 ; estas organizaciones además centralizan a partir de esa fecha las denuncias presentadas por los internos. Paralelamente, se crea el MNPT justamente ese año y a través de sus informes proporciona información sobre la cuestión y realiza recomendaciones, algunas de las cuales sí son atendidas por las instituciones. 3.1 Argumentos jurídicos en los autos: Por lo general, los autos son cortos y se reducen a recopilar el resultado de las diligencias, que en muchos casos ni siquiera son citadas, concluyendo que de las diligencias practicadas no se concluye la existencia de delito, revistiendo los hechos denunciados carácter de falta o incluso que entendiendo que los hechos investigados pudieran ser constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración, procede ( ) el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Resulta importante a este respecto, la 4 Auto de 26 de abril de 2011, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Valencia; Auto de los Juzgados de Instrucción, 1 y 30 de Barcelona, de 27 de junio de 2013 o Auto del Juzgado de Instrucción, nº 3 de Madrid, de 13 de enero de

14 Julia Lledín Vitos consideración de las diligencias practicadas en cada caso, ya que es necesario que se lleve a cabo una investigación suficiente y eficaz (STC 34/2008, FJ6) y también porque las diligencias practicadas denotan la importancia que un determinado Juzgado otorga a una denuncia que, por la especial gravedad de estos delitos, debería ser alta. Respecto a los hechos denunciados, en todos los casos, el sujeto activo de los presuntos delitos es un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en el ejercicio de su cargo, que según las denuncias habrían actuado con extralimitación de las mismas. Las víctimas, por su parte, son personas extranjeras sometidas a la medida cautelar de internamiento. Al estar privadas de libertad se encuentran bajo custodia del Estado, siendo éste responsable de su integridad física y moral (STS 35/2005). La mayoría de casos recogidos denuncian hechos ocurridos en dos tipos de situaciones: relacionadas con intentos fallido de deportación (47'06%) y los que se producen como consecuencia de actitudes no sumisas 5 por parte de los internos (41'18%); solamente en el 11'76% la motivación fue diferente (en un caso, coaccionar para que la expulsión se produjera sin resistencia, y en otro no quedó claro en la denuncia y no se pudo esclarecer porque la denunciante había sido deportada). Solo en un caso, la presunta agresión se dio sobre una persona que se había mostrado sumisa. En todos los casos se dieron paralelamente golpes e insultos racistas. Además parece que hay un crecimiento progresivo a lo largo del tiempo de las que se refieren a hechos que han tenido lugar como reacción de los funcionarios respecto a actitudes no sumisas de los internos con el objetivo de castigarlas, de las que no hubo ninguna en 2010 y, por el contrario, fueron mayoritarias en Respecto a las denuncias en que los hechos tuvieron lugar como consecuencia de los intentos fallidos de expulsión, las víctimas denunciaron en primer lugar las condiciones de traslado desde el CIE al aeropuerto: tiempo de preaviso respecto a su vuelo de repatriación muy reducido; registros con desnudo integral antes de salir del CIE; inmovilizaciones con diferentes medios para el viaje 6 desde que salen de estos establecimientos, siendo tratados con violencia desde ese momento y transportados como si fueran sacos de patatas. Quienes se resistieron a viajar fueron reducidos de forma violenta y en todos los casos denunciados una vez sacados del avión fueron golpeados, amenazados e insultados como castigo por haber mostrado resistencia, junto a comentarios del tipo para que a la próxima vueles, a ver si aprendes ; estos comentarios denotan una intención también de coaccionar, finalidad no contemplada en el tipo penal de torturas, pero sí respecto a los delitos del art Estos casos cumplen, a priori, todos los requisitos del tipo penal, quedando para más adelante la calificación de los mismos en función de su gravedad. 5 Por actitudes no sumisas entendemos tanto reclamaciones para el respeto de sus derechos, tales como exigir salir al patio, como acciones propiamente desafiantes que supongan no acatar lo que los funcionarios mandan, como pueda ser esconder mecheros para fumar. Lo que se entiende común a todas ellas es que suponen una actitud de resistencia frente a la autoridad que busca de los internos sumisión. 6 Protocolo de expulsiones de la DGP, descrito en el Informe 2012 y 2013 del MNPT. 292

15 Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos en España: el caso de los Centros de Internamiento para Extranjeros ( ). Una aproximación al tema a través del tratamiento jurídico de denuncias presentadas. En los casos en que el hecho denunciado se produce como consecuencia de alguna reclamación o actitud desafiante del interno afectado, en general los relatos son más dispares, pues los motivos por los cuales supuestamente se castiga a la persona son variados (intentos de fuga, huelgas de hambre, quejas sobre el trato recibido o denuncias formuladas previamente). Sin embargo, en la mayoría de ellos, después del incidente, en el que a menudo se redujo a la persona, se le condujo a una habitación aislada o donde no había en ese momento más internos, se le increpó, insultó y agredió físicamente. En muy pocos casos los hechos tuvieron lugar delante de testigos que no fueran los propios policías; y en ningún caso ningún policía ha testificado a favor de la versión de ninguna víctima. En algunos casos, las denuncias iniciales han sido ampliadas posteriormente por nuevas agresiones producidas bien sobre la misma víctima bien sobre los pocos testigos que hubiera como represalia por la denuncia. El hecho de que éstos permanezcan bajo custodia en el mismo establecimiento y los funcionarios denunciados permanezcan también en sus puestos de trabajo resulta problemático, pues puede dar lugar a coacciones, negativas a declarar o miedo a las consecuencias que puedan tener las denuncias. En estos casos también, parecen darse todos los requisitos del delito de torturas, pendiente de valorar si la gravedad de los hechos es suficiente para ello, para lo cual deberían ser tenidas en cuenta las condiciones específicas del internamiento pues, si bien el internamiento es una medida contemplada legalmente no se trata de una pena por un delito cometido. En lo que respecta a los discursos jurídico-políticos de los autos, todos los casos analizados son enormemente similares. Las actuaciones de los Juzgados se han dirigido a recabar las posibles pruebas objetivas, más allá de las testificales de las víctimas o de los testigos y después en base a ello hacen una valoración de la gravedad de las conductas denunciadas. Las diligencias practicadas en todos los casos son muy similares, solicitándose: -Partes de lesiones o visitas médicas que se hayan producido justamente después de las agresiones denunciadas para valorar si existen lesiones y si éstas se corresponden con los hechos denunciados. Si bien las lesiones no son consideradas necesarias para determinar si existe o no un delito contra la integridad moral, pues éste es un delito autónomo, independientemente de las consecuencias físicas que pueda ocasionar, al referirse golpes en las denuncias, los Juzgados exigen la existencia de partes de lesiones. Pero en muchos casos éstos no existen o no son lo suficientemente detallados como para poder asegurar el origen de las lesiones; además, en el 71'43% de los casos en que se aporta parte de lesiones el Juzgado considera que las mismas fueron consecuencia de la aplicación de la fuerza mínima imprescindible que habían tenido que llevar a cabo los policías; sólo en el 28'57% de los casos las lesiones reflejadas en los partes fueron consideradas como indicio de posibles acciones de extralimitación de los agentes; pero las mismas solamente recibieron el calificativo de falta, no de delito, y como tales fueron enjuiciadas. Además, al producirse los hechos denunciados como castigo por comportamientos no sumisos, la separación entre las maniobras de reducción y los malos tratos con finalidad de castigo que se hayan podido producir a continuación resulta más dificultosa. Al respecto de los partes de lesiones y la atención sanitaria, merece una referencia específica la atención médica y sanitaria en 293

16 Julia Lledín Vitos los CIE; en los Informes del MNPT aparecen referencias a los mismos en todas las ediciones (en especial los de 2012 y 2013) y, pese a sus recomendaciones, presentan importantes deficiencias; en el Informe de 2013, concretamente, se insiste en que las consultas médicas no son registradas siempre y que a menudo no queda registrado el motivo ni el resultado de la exploración; tampoco los historiales médicos se adecúan a lo establecido en la Ley (41/2002). Además, como recoge ese mismo Informe, el horario de atención médica es en muchos casos reducido a los días laborables, habiendo el resto del tiempo solamente un DUE, sin formación para el reconocimiento de lesiones o ni siquiera, teniendo que llamar el personal del CIE al servicio sanitario de urgencias externo; de hecho, los partes de lesiones más detallados que han sido recopilados en la fase de instrucción han sido elaborados por médicos externos del servicio de urgencias de un hospital, al que ha sido trasladada la víctima. Además, en alguno de los casos la persona no fue atendida hasta que fue puesta en libertad, como manifiesta en la denuncia, y no fue por tanto hasta entonces que consiguió un parte, varios días después de que tuvieran lugar los hechos. En otros casos, la víctima no recibió el parte de lesiones, ya que los servicios médicos le dijeron que tenía que ser el Director del centro quien se lo entregara (siempre según su testimonio); solamente en un caso se realizaron fotografías de las lesiones. -Videograbaciones: en las recomendaciones de todos los organismos de prevención de la tortura (CPT, MNPT), la instalación de cámaras de videovigilancia en los lugares de detención aparece como una medida fundamental para prevenir los delitos de este tipo. A este respecto, la acusación en todos los casos ha solicitado las grabaciones del sistema de videovigilancia de los CIE, pero solamente en un caso se ha conseguido acceder a las mismas; en éste, aunque las imágenes eran de mala calidad, lo que impedía asegurar con certeza qué ocurría, la jueza afirmó que la versión de los agentes del CNP implicados era claramente incierta tras la visualización de las imágenes del vídeo aportadas. Parece existir una reticencia al envío de las grabaciones que se ve acompañada en la mayoría de los casos por una considerable tardanza a la hora de que el Juzgado las solicite a la Dirección del CIE, lo que conlleva que éstas ya hayan sido borradas. En este caso, los plazos manejados en esta materia en los CIE no son compatibles con la persecución eficaz de los delitos contra integridad moral, lo que dificulta enormemente el esclarecimiento de los hechos. En definitiva, la instalación de cámaras en los lugares de detención carecen de sentido si no son accesibles cuando se producen denuncias de hechos de posible naturaleza delictiva cometidos en el interior de los mismos. No existen protocolos que obliguen a la Dirección a remitir o preservar automáticamente al Juzgado de Control de Estancia las grabaciones del día y hora en que cometieron los supuestos hechos delictivos denunciados. -Testificales: lo único que se puede recabar a menudo como prueba son los testimonios de las víctimas y de los testigos. Un problema aquí en referencia a los testigos tiene que ver con la posibilidad de que lleguen a declarar en sede judicial; la especificidad de los CIE, donde los internos no pueden estar más de 60 días tras los cuales serán deportados 294

Sitemap